Juan David García Bacca: «Nadie tiene derecho, ni humano ni divino, a quejarse de una revuelta cuando no ha sido capaz de hacer o dejar que se haga una revolución; pone la olla a presión creciente, y se queja, al cabo de unos momentos o siglos, de que haya reventado, y se le haya reventado en su cara. Sólo a la más tonta de las cocineras se le perdonaría tal estupidez. ¿Cómo pueden esperar ciertas Señoras Instituciones que se les perdone tamaña ignorancia histórica y ontológica: ignorar lo que está constituyendo nada menos que el ser del hombre en cuanto "actual"» («Elogio de la técnica»; Caracas: Monte Ávila, 1968, página 74).
Filosofía Sin Pensarlo/No-Brainer Philosophy TV series, Universidad de Costa Rica, UCR
¿Por qué hay algo en vez de nada? Esta pregunta totalmente trascendente o totalmente intrascendente (según como le plazca valorarla), le será respondida de manera divertida, y con una verdadera náusea existencial...
Tendrán mucho qué hacer – y mucho más más de lo que cree el Gobierno-. Aquí, la relación precisa de las oportunidades, los desafíos emergentes, las tareas específicas y las necesidades de los recién elegidos para poder cumplir con su mandato.
Hugo Acero Velásquez*
Un mandato claro
En las elecciones locales del pasado 25 de octubre ocuparon un lugar muy destacado la inminencia de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC y los –nuevos o viejos- desafíos de la criminalidad en las distintas regiones, ciudades y municipios. Tanto así que el compromiso de mejorar la seguridad ciudadana viene a ser el principal elemento común en los mandatos que recibieron los 32 nuevos gobernadores, los cerca de 1.200 alcaldes y los varios miles de diputados, concejales y ediles a lo largo y ancho del territorio colombiano.
Hoy se vislumbra la posibilidad de un cese al fuego bilateral y definitivo entre la Fuerza Pública y las FARC, para cuya verificación por parte de Naciones Unidas el presidente Santos viene dialogando con los jefes de Estado de los países miembros del Consejo de Seguridad. Este cese implicaría la concentración de los miembros de las FARC en algunos territorios y su desmovilización en el futuro cercano. Y aunque los cuatro temas iniciales de la agenda de La Habana (tierras, apertura política, drogas y víctimas) son de indudable interés para los colombianos, también es cierto que es el último punto –fin del conflicto- es lo que ante todo espera la mayoría.
En efecto- e independientemente de las creencias políticas- lo que la gran mayoría de la gente espera del proceso de paz es lo siguiente:
Que la violencia disminuya de manera sustancial;
Que se acaben las agresiones contra la sociedad civil;
Que mejoren las condiciones de seguridad y convivencia;
Que los desmovilizados no vuelvan a delinquir y se reintegren a la vida social;
Que otros grupos delincuenciales no ocupen los territorios que ocupaban las guerrillas, y
Que las instituciones legítimamente constituidas asuman la seguridad de todas las ciudades, los pueblos y los campos, ganándose la confianza y el reconocimiento ciudadanos sobre la base del cumplimiento adecuado y transparente de su deber en un Estado de derecho.
Los riesgos
Guerrilleros del frente 33 de las FARC. Foto: Facebook Delegación de Paz FARC EP
Pero estas esperanzas no podrán satisfacerse de una manera fácil, inmediata ni automática:
Primero y por supuesto, porque no toda la criminalidad ni la inseguridad provienen del conflicto entre el Estado y las guerrillas (cuando además podría subsistir el ELN).
Segundo y más al punto, porque en la mayoría de los territorios donde actualmente operan las FARC también prosperan actividades económicas ilegales muy rentables - narcotráfico, extorsión, minería ilegal, explotación de madera…- o sirven como “corredores estratégicos” para estas y otras actividades (contrabando, comercio ilegal de armas, trata de personas…). Estas actividades y corredores podrían seguir funcionando después de la desmovilización de las FARC bajo el control de otros grupos o de algunos miembros de esta guerrilla que no se van a desmovilizar y se harán aún más violentos en tanto falten la motivación política y la disciplina de una organización nacional.
Es el último punto –fin del conflicto- es lo que ante todo espera la mayoría.
A este respecto hay que tener en cuenta lo que ya está sucediendo en cuanto a las alianzas locales que las FARC han realizado con bandas criminales (BACRIM) desde hace algunos años, alianzas que no resultan de cercanía ideológica sino de la racionalidad económica de negocios ilegales de alta rentabilidad.
Por otra parte - y aun en medio de tan buenos augurios sobre el proceso de la Habana- los nuevos mandatarios regionales en general expresan más preocupaciones e interrogantes que respuestas claras y planes de acción precisamente definidos en esta materia de tan alto interés para sus comunidades.
Las acciones
Ante esta situación -y la que se avecina- va a ser de veras necesario que el gobierno nacional y las autoridades locales concierten sus esfuerzos por encima de diferencias políticas para lograr que la seguridad y la justicia tengan mejoras sustantivas a partir de los próximos meses, cuando habrá de comenzar el “post-conflicto”. Básicamente se trata de:
Aumentar y consolidar la presencia de las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social en los municipios y regiones donde las FARC tienen presencia actualmente.
Capacitar a los nuevos gobernadores y alcaldes para que desde el próximo 1 de enero asuman y ejerzan plenamente sus funciones constitucionales y legales como primeras autoridades de policía y como responsables del manejo del orden público en sus jurisdicciones respectivas.
Poner a funcionar regularmente los consejos departamentales y municipales de seguridad, bajo la dirección personal y cercana del respectico gobernador o alcalde, de forma que sean instancias de coordinación eficaz entre las entidades estatales que tienen que ver con la seguridad, la justicia y la defensa de los derechos humanos (Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General, Procuraduría, Personerías y Defensoría del Pueblo). Lo anterior implica que se reúnan por lo menos una vez por mes, para diseñar, ejecutar y hacer seguimiento de los planes de seguridad, convivencia, manejo del orden público y respeto de los derechos humanos. Además por supuesto de supervisar y asegurar el cumplimiento cabal de cada etapa concreta del proceso de paz que habrá de adelantarse en unos meses y en unos municipios y departamentos determinados.
Capacitar a los miembros de la fuerza pública para que desarrollen su actividad de un modo más acorde con los intereses y sensibilidades de la ciudadanía, sin descuidar por eso la acción fuerte y decidida contra la delincuencia común u organizada.
Promover una muy amplia participación de la ciudadanía en todas las áreas de gestión estatal, comenzando por los temas de seguridad y convivencia.
Crear unidades locales de justicia restaurativa mediante la promoción, capacitación y aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la creación y puesta en funcionamiento de instituciones de convivencia que resuelvan los conflictos de familia, entre particulares y comunitarios. Hay que tener presente que los grupos armados al margen de la ley, independientemente de cualquier consideración, garantizan en los territorios donde operan actualmente dos labores que le corresponden al Estado, como son la seguridad y la justicia, así sea a través del terror o mediante mecanismos que no garantizan el debido proceso que caracteriza un Estado de derecho.
El proceso de paz
Minería ilegal en Santander de Quilichao, Cauca. Foto: Lady Castro
Los nuevos gobernadores y alcaldes deben tener un papel central en los diálogos de la Habana cuando se trate del cese bilateral del fuego, el control de las zonas de concentración de la guerrilla, la desmovilización, la reinserción y en general la refrendación, cumplimiento y seguimiento de los acuerdos definitivos.
Son ellos y los ciudadanos de sus territorios quienes van a disfrutar los logros o a padecer los fracasos en cuanto al fin de la violencia y las hostilidades, la reconciliación y la reincorporación de los desmovilizados que tendrán lugar en ciudades y municipios específicos a través del territorio.
De esta manera el papel de los alcaldes y gobernadores debe ir bastante más allá de lo previsto por el documento CONPES 3554 de 2008, “Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales”, según el cual sus tareas serían:
Garantizar la vinculación de poblaciones desmovilizadas al régimen subsidiado de salud mediante los cupos asignados por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
Garantizar la vinculación y permanencia de las poblaciones desmovilizadas dentro del sistema educativo.
Fortalecer la reintegración económica, social y comunitaria de los desmovilizados en su territorio.
Ayudar en la inclusión, la convivencia y la reconciliación de los desmovilizados con sus comunidades receptoras.
Además de lo anterior – y quizás más importante- los alcaldes y gobernadores deben:
Los nuevos mandatarios regionales en general expresan más preocupaciones e interrogantes que respuestas claras y planes de acción precisamente definidos
Conocer los acuerdos de paz en su totalidad, y las responsabilidades que de ellos se derivan para su departamento o municipio.
Saber cuántos desmovilizados se reincorporan en sus jurisdicciones y allegar todos sus datos.
Contar con recursos ciertos que asigne el Gobierno Nacional para cumplir con sus obligaciones, según la cantidad de desmovilizados que se asienten en su territorio.
Involucrarse mucho más en el control y seguimiento de los procesos de reinserción social, económica y comunitaria de cada uno de los desmovilizados.
Saber, en todo momento, dónde está cada uno de los desmovilizados (estudio, trabajo, formación), para reducir los riesgos de reincidencia y proteger mejor la seguridad de los desmovilizados y de la ciudadanía en general.
Hacer parte importante de los procesos de atención a las victimas de la violencia que viven o van a llegar a sus territorios.
Debe quedar claro que los desmovilizados recibirán las ayudas económicas mensuales si están educándose, formándose para el trabajo o trabajando. En este punto las alcaldías pueden ponerlos a trabajar en muchas labores municipales y aportar así a la reparación de las víctimas y la reincorporación de los exguerrilleros.
Y una nota final. Suele pensarse que el grueso de los desmovilizados de las FARC se quedará en la zona donde vienen operando y por regla general estarán dedicados a las labores del “campo”. Pero en el mundo real es necesario preparase también para su migración masiva a las ciudades, pues muchos de ellos abandonaron las labores agrícolas desde su ingreso a las FARC, o no eran campesinos, o no se sentirán seguros – sin razón con razón- en este municipio, o simplemente aspiran a vivir en la ciudad.
Por todo lo anterior resulta obvio que los alcaldes y gobernadores deben ser arte y parte principal en el proceso de paz. Para eso necesitan dos cosas importantes: que sus voces sean oída y que el Gobierno Nacional les suministre los recursos necesarios y los poderes pertinentes.
Como Juan Carlos Ruiz explica hoy en esta misma revista, el ministro del Postconflicto Rafael Pardo tiene la experiencia y el conocimiento necesarios para no dejar por fuera de esta política a los alcaldes y gobernadores y para poner en el centro de la a seguridad de los ciudadanos y del país. Sólo de esta manera la paz será, no apenas un discurso.
Filosofía Sin Pensarlo/No-Brainer Philosophy TV series, Universidad de Costa Rica, UCR Con el fin de pasar un rato entretenido, y además entender el Significado de la Vida (en ese orden de importancia), la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica presenta con un discreto orgullo la serie de micro-cápsulas animadas "Filosofía sin Pensarlo", bajo la premisa de que devanarse los sesos no tiene por qué ser un dolor de cabeza.
In order to have a good time —as well as to understand the Meaning of Life— (in that order of importance), the Philosophy Department from the Universidad de Costa Rica is discretely proud to present the animated mini-series "No-Brainer Philosophy!", under the premise that racking one´s brains shouldn´t give you a headache.
¿Por qué hay mal en un mundo creado por un Dios bondadoso? Tal es el problema que se conoce como "la Teodicea". Desde San Agustín hasta Leibniz, esta cápsula le explica, para bien o para mal, lo que nos dice la Filosofía al respecto.
Why is there Evil in a World created by a Good God? Such is the problem known as "Theodicy". From Saint Augustine to Leibniz, this cartoon will explain you, for Good or Bad, what Philosophers have to say about that.
Filosofía Sin Pensarlo/No-Brainer Philosophy TV series, Universidad de Costa Rica, UCR Con el fin de pasar un rato entretenido, y además entender el Significado de la Vida (en ese orden de importancia), la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica presenta con un discreto orgullo la serie de micro-cápsulas animadas "Filosofía sin Pensarlo", bajo la premisa de que devanarse los sesos no tiene por qué ser un dolor de cabeza.
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La filosofía de George Berkeley explicada de manera muy particular...
George Berkeley´s Doctrine explained in a very particular way.
El Jardín Tóxico es una miniserie documental producida por la Universidad de Costa Rica, consistente en cuatro episodios de media hora cada uno.
El trabajo ofrece un marco informativo histórico y científico sobre los distintos tipos de droga, para luego proceder a hacer un análisis crítico de cómo la cultura contemporánea se ha llegado a representar el papel de las drogas en la sociedad.
La tesis que desarrolla es que nuestra apreciación de las distintas substancias psicoactivas se ha regido en el último siglo mediante un tabú que era completamente inexistente en la antigüedad, pero que ha llevado a la cultura global a criterios llanamente irracionales para prohibir o aceptar las distintas drogas, y —peor aún—a políticas para enfrentar su consumo que solo parecen maximizar sus daños y minimizar sus beneficios.
Investigación, Guion y Dirección: Pablo Ortega Dirección de Fotografía: Nicoa Ríos y Sebastián Rivera Edición: Natalia Solórzano Edición de trailer: Sofía Corrales Producción: Laura Ángel Animación: Felipe Molina y "Macho" González Sonido Directo: Fernando Torres Asistencia: Mario Araya, Sofía Corrales y Ana Beatriz Hernández Productora: Laboratorio Audiovisual de Documentalismo Investigativo (LAUDI), Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica
El preacuerdo ha sido objeto de reparos por parte de las principales organizaciones de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia. En qué consisten las críticas, hasta dónde son fundadas, y hasta donde podrían corregirse en el acuerdo.
¿Qué es la justicia transicional?
La justicia transicional se usa después de una dictadura o de un conflicto armado y consiste en un conjunto de medidas excepcionales y temporales para tratar delitos graves y violaciones masivas de derechos humanos.
Se trata pues de una herramienta complementaria para que el sistema jurídico de un Estado pueda juzgar a miles de perpetradores y busca resolver uno de los dilemas más antiguos y difíciles del mundo: ¿paz o justicia? La justica transicional es una salida que, en principio, permite recuperar la paz, restablecer la justicia y dar cabida a los derechos fundamentales.
En contra de la percepción general, la justicia transicional no puede equipararse con el perdón o con la impunidad en tanto implica la rendición de cuentas. Es un espacio donde los perpetradores admiten sus responsabilidades, se encuentran con sus víctimas y restablecen sus derechos a la verdad y la justicia, dándoles una reparación integral y promoviendo reformas del Estado conducentes a la no repetición de la violencia.
Lo que está pactado
El 23 de septiembre de 2015 fue un día histórico: por primera vez hubo un apretón de manos entre el presidente de la República y el líder de las FARC. Este no fue solo un gesto simbólico sino una muestra del avance más importante en la negociación entre el gobierno y el principal grupo guerrillero de Colombia: ese día las partes acordaron una primera versión del modelo de justicia transicional que se adoptaría tras la firma de paz.
La justicia transicional no puede equipararse con el perdón o con la impunidad.
Como en aquella fecha quedaron pendientes algunos aspectos del sistema, las negociaciones tuvieron que prolongarse por otros tres meses, y el 15 de diciembre la mesa de negociación presentó la versión final del acuerdo, que se divide en dos partes:
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición.
Los compromisos de garantía de los derechos humanos.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición cuenta con cuatro mecanismos para asegurar los derechos de las víctimas:
La Jurisdicción Especial para la Paz es el mecanismo de administración de justicia dentro del sistema, encargado de “investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos”, función que llevarán a cabo tres salas de justica, la unidad de investigación y el Tribunal para la Paz.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición se ocupará de establecer la verdad, promover el reconocimiento de las víctimas y dar lugar a la convivencia en los territorios.
La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tiene carácter humanitario, busca identificar a los desaparecidos y, en caso de fallecimiento, propiciar la entrega digna de sus restos.
Reparación integral para la construcción de la paz, con el fin de fortalecer los mecanismos existentes y adoptar nuevas medidas.
El punto clave para entender estos mecanismos es su carácter de sistema, es decir, reconocer que el logro de los objetivos de cada uno de ellos será lo que permita la reparación integral. Esta visión “holística” fue “saludada” por la ONU como “una visión de futuro”; y en efecto, parece que Colombia ha desarrollado una nueva versión de justicia transicional que puede ser modelo para otros países.
La crítica internacional
El Delegado para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Foto: Casa de América
A pesar de lo anterior, grupos de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) y la Corte Penal Internacional (CPI) han criticado el acuerdo. Esto es importante porque HRW tiene el poder de influir sobre políticos destacados de la comunidad internacional, y la CPI puede intervenir en Colombia si los “máximos responsables” del conflicto armado no reciben las penas adecuadas.
Cuando José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, criticó el acuerdo de víctimas como una “piñata de impunidad”, sus palabras no estuvieron muy lejos de las del senador y expresidente Álvaro Uribe. Estos dos personajes nunca estuvieron de acuerdo pero ahora tienen algo en común. Su crítica se refiere a dos aspectos clave de cualquier modelo de justicia transicional: la impunidad y la responsabilidad.
Según HRW, el acuerdo “garantiza la impunidad de los máximos responsables de graves crímenes” y no cumple con los estándares del derecho internacional. El preacuerdo permitiría a aquellos perpetradores que reconozcan su participación en violaciones graves de derechos humanos beneficiarse con una pena de cinco a ocho años, sin pagar cárcel y gozando de una “libertad restringida”, lo cual sacaría del proceso el componente de justicia punitiva.
El preacuerdo además no garantiza que los sancionados no queden en libertad antes del tiempo estipulado, y tampoco está claro si el gobierno tendrá control suficiente sobre las áreas delimitadas para confinar a los exguerrilleros que resulten condenados.
También existen dudas sobre el tratamiento de los militares, por la posibilidad de que el Estado incluya los casos de “falsos positivos” en la justicia transicional. Eso significa para HRW que a las víctimas no se les estarían satisfaciendo sus derechos fundamentales y que Colombia no habría cumplido con el derecho internacional.
Otro punto clave para HRW concierne a la responsabilidad de los altos mandos militares por las violaciones graves de derechos humanos que hayan cometido sus subordinados. En este caso es importante entender qué tipo de conocimiento ha tenido el superior, incluyendo el conocimiento real y el presunto, y si debería haber sabido o tenía razones para saber.
Aunque las respuestas del preacuerdo a estas preguntas se acercan bastante al estándar internacional, todavía dejan entrever una posible salida judicial para los altos mandos de la Fuerza Pública y de las FARC. En efecto, el preacuerdo estipula que los superiores debían tener el “control efectivo de la respectiva conducta” para que haya responsabilidad, cuando en el derecho internacional se habla del control sobre los subordinados, no apenas del control sobre el hecho delictivo. En este punto HRW tiene razón, y su crítica fue compartida más recientemente por Amnistía Internacional.
En relación con las críticas de las organizaciones de derechos humanos habría sin embargo que advertir que estas entidades no tienen en cuenta las dificultades para llegar a un acuerdo de paz, ni tampoco el hecho de que ningún acuerdo puede ser perfecto. Lo cual no exime por supuesto al gobierno de asegurar que los vacíos existentes se aclaren cuanto antes para asegurar que los perpetradores no usen limbos jurídicos del modelo.
Lo que dice la Corte
La Corte Penal Internacional (CPI) no interviene en amnistías por delitos políticos, pero tiene el mandato de investigar los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, violaciones que se han presentado en Colombia. Y como parte del Tratado que creó la CPI, el Estado colombiano está obligado a cumplir sus estándares en materia de justicia.
En un discurso en Bogotá en mayo 2015, el vicefiscal de la CPI, James Stewart, insistió en que una jurisdicción especial debería tener en cuenta varios puntos sobre la suspensión de sentencias, sentencias reducidas y sentencias alternativas. Recientemente, Stewart dijo también que las amnistías para los “máximos responsables” no son aceptables y dependen de los tipos y circunstancias de las sentencias, si cumplen o no con el estándar establecido por la CPI.
Así, aunque es importante el hecho de que Colombia tenga “flexibilidad” en este punto, lo que resulta preocupante para la CPI es la posible impunidad en los casos de “falsos positivos”, como se discutió en elreporte intermedio de 2012, así como la necesidad de que haya investigación suficiente y condenas justas para los altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Según el preacuerdo colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz busca satisfacer el derecho a la justicia mediante la investigación y juzgamiento de los principales crímenes en el contexto del conflicto armado, así como la imposición de sentencias que va desde penas de 5 a 8 años de “restricción de la libertad” hasta penas de 15 a 20 años de cárcel en los casos donde no haya reconocimiento de responsabilidad.
En consecuencia, la CPI debería tomar una posición en “interés de la justicia” y permitir que cumplan su función tanto la Sala de Reconocimiento y Determinación de Hechos, encargada de definir los casos de los “máximos responsables”, como la Unidad Investigativa, encargada de procesar a aquellos actores que hayan tenido una actuación determinante y que no reconozcan responsabilidad.
Solamente si el acuerdo final permite una amnistía general e incondicional para los “máximos responsables”, estaría justificada una intervención por parte de la CPI.
Está pendiente asegurar que los vacíos jurídicos del preacuerdo sean resueltos en el acuerdo final del 23 de marzo.
Además de lo anterior, hay otros puntos del preacuerdo que han sido criticados por instituciones como la Washington Office on Latin America (WOLA), que abrió una oportunadiscusión sobre el asunto.
Crítica constructiva
El Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, James Kirkpatrick Stewart. Foto: Coalition for the ICC
No obstante las críticas validas al sistema integral, es importante resaltar el hecho de que el gobierno colombiano y las FARC hubieran sido capaces de superar el dilema entre paz y justicia que siempre se presenta cuando se definen los mecanismos judiciales y extrajudiciales en un proceso de paz.
Todavía está pendiente asegurar que los vacíos jurídicos del preacuerdo sean resueltos en el acuerdo final del 23 de marzo. Las críticas que las organizaciones de derechos humanos y de la CPI resultan oportunas y necesarias y pueden ayudar a que el texto final recoja los puntos de vista no solo de las partes negociadoras, sino de las víctimas y de los actores internacionales. Incluir estas voces puede significar que la CPI decida no intervenir en el proceso en Colombia más adelante.
Aun así, los enormes desafíos que vienen con la implementación exigirán la destreza de un relojero para operar las diversas partes del sistema integral. Si no es así, fácilmente podrá producirse un colapso que dé al traste con los objetivos de justicia dentro del proceso de paz.
¿Qué repercusiones podría tener, a estas alturas del proceso de paz, el arresto de Santiago Uribe –hermano del expresidente Álvaro Uribe−, por presuntos vínculos con paramilitares?
El expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe, que también ha sido señalado por presuntos nexos con paramilitares en el pasado.
El ganadero Santiago Uribe fue detenido este lunes (29.02.2016), por presuntos nexos con la banda Los 12 Apóstoles, una organización paramilitar de ultraderecha, que habría asesinado a por lo menos 50 personas, en una población del departamento de Antioquia, entre 1993 y 1994.
CD, Santiago y Álvaro Uribe aseguran que las denuncias por diversos delitos y las consecuentes investigaciones contra familiares y allegados de la familia Uribe son parte, desde hace años, de una “persecución política” que, en este caso, buscaría presionar para que la formación acepte la “impunidad” que supondrían los acuerdos logrados con las FARC en Cuba.
Polarización y refrendación de la paz
La bancada de CD se declaró “en rebeldía contra la dictadura” y se retiró del Congreso de la República, donde se discute un proyecto de ley que permite crear zonas de concentración para la desmovilización de las FARC. Pero “esta es una bancada que ya estaba en oposición y que no tiene capacidad de veto, porque es minoritaria tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes”, precisa Jorge A. Restrepo, Director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).
El ganadero Santiago Uribe fue detenido, por presuntos nexos con la banda Los 12 Apóstoles.
Eso sí, el suceso “genera más polarización en el país, más rechazo al proceso de paz entre los sectores conservadores que siguen al expresidente Uribe”, evalúa Catalina Niño, directora del Programa de Cooperación en Seguridad Regional, de la fundación alemana Friedrich Ebert en Bogotá. Entre esos sectores, aumenta “la sensación de que hay una persecución política contra ellos y de que se están haciendo concesiones especiales a las FARC”, explica la también exinvestigadora de la fundación colombiana Ideas para la Paz.
Oposición vigorosa: ¿camino a un mejor acuerdo?
Esta lectura “resonará en la opinión pública, con un efecto de alejamiento de gran parte de la ciudadanía en contra del proceso de paz”, advierte por su parte el director del CERAC y también profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. Y tal polarización es especialmente preocupante con vistas a la anunciada y aún pendiente refrendación popular de un eventual –y cada vez más cercano− acuerdo de paz, coinciden ambos expertos.
“Es una refrendación que se puede perder. Ahora, no hay que tenerle miedo a la democracia. Una oposición vigorosa a los acuerdos podría llevar a mejores acuerdos en la negociación con las FARC”, subraya Restrepo. Desde su punto de vista, la polarización colombiana alrededor del proceso de paz podría ser conveniente, “si se expresa a través de mecanismos democráticos”, de los que excluye a la explosión de protestas callejeras o la organización de grupos violentos –ya existen en el campo colombiano numerosos grupos de seguridad privatizada− opuestos a la negociación.
El presidente Juan Manuel Santos ha insistido en legitimar un eventual acuerdo de paz mediante un referendo popular.
¿Llevaría este tipo de acusaciones de la Justicia a CD a flexibilizar su postura frente al proceso de paz? Difícilmente, pues tanto Santiago Uribe como su hermano son “radicales” contra cualquier posible concesión jurídica en el marco de los acuerdos que se negocian con las FARC, estima Restrepo.
"No basta con indicios testimoniales"
En definitiva, ¿qué posibilidades tiene la Justicia colombiana de aclarar este intercambio de acusaciones y contraacusaciones con la familia Uribe? La Justicia tendría la capacidad y los elementos para resolver, por ejemplo, el actual caso contra Santiago Uribe, opina Niño. Por lo poco que ha trascendido, las pruebas con que se cuenta serían “suficientes para detenerlo, como se ha hecho, e iniciar un proceso formal en su contra”, agrega.
Sin embargo, discrepa Restrepo, según lo que se ha filtrado a los medios de comunicación, hay “innumerables testimonios, pero solo testimonios” en contra de Santiago Uribe. “Más allá de toda duda razonable, no existen otras pruebas materiales, evidenciales, circunstanciales, criminológicas” en su contra. Así que, aunque “nuestro sistema penal es un sistema garantista, que de todas maneras tiende a valorar muchísimo estos indicios testimoniales, a mi juicio, vamos a terminar con una absolución”, sentencia.
Como sea, en el contexto colombiano actual, “independientemente de si la Justicia puede o no resolver, en derecho, si Santiago Uribe es culpable o inocente, la polarización política que el tema genera eternamente va a generar dudas sobre el caso”, prevé Niño. De modo que, si −como el testimonio de un mayor retirado de la Policía Nacional indica− el hermano menor de Álvaro Uribe estuviera vinculado al paramilitarismo, “hay un sector de la sociedad que nunca va a creer que sea cierto y asegurará que hay una persecución política contra la familia Uribe”.
Nuevos peces gordos de la economía anuncian otra crisis "inevitable"
El mundo sufrirá una nueva crisis económica de manera inevitable. Así lo cree el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, que apunta al fracaso de las reformas bancarias como causa de una nueva caída que considera "segura".
"Sin nuevas reformas en el sistema financiero, otras crisis es segura, y el fracaso a la hora de abordar los desequilibrios en la economía mundial, hacen probable que esa crisis llegue más pronto que tarde".http://www.telegraph.co.uk/business/2016/02/26/lord-mervyn-king-why-throwing-money-at-financial-panic-will-lead/
King afirma en su nuevo libro, The End Of Alchemy: Money, Banking And The Future Of The Global Economy, que estos días adelanta como serie a través deThe Telegraph, que la crisis del 2008 fue un fallo del sistema financiero y no responsabilidad de "codiciosos banqueros".
El ex gobernador piensa que los bancos centrales globales fueron atrapados en " el dilema del prisionero", incapaces de elevar las tasas de intereses por temor a sofocar la recuperación económica.
Además, King piensa que, sin entender las causas de la crisis, los políticos y los banqueros no serán capaces de evitar otro colapso ya que la crisis fue el fracaso de un sistema roto.
"Solo un replanteamiento fundamental de cómo nosotros, como sociedad, organizamos nuestro sistema monetario y bancario evitará una repetición de la crisis que experimentamos en el 2008", ha publicado King.
Solo un replanteamiento fundamental de cómo nosotros, como sociedad, organizamos nuestro sistema monetario y bancario evitará una repetición de la crisis
Martin Baron, editor del Washington Post y uno de los personajes retratados en la película, explica las claves del mejor filme del año según los Oscar
El Oscar a la mejor película concedido a Spotlight ha vuelto a llevar al periodismo al lugar que se merece. La cinta retrata la experiencia de un equipo de investigación del diario Boston Globe, que consiguió que 249 sacerdotes de la ciudad fueran llevados a los tribunales por pederastia.
Ambientada a principios de los 2000, la película en la que trabajaron actores como Mark Ruffalo o Michael Keaton está basada en personajes reales. En periodistas reales entre los que se encuentra Martin Baron, antiguo editor del Globe y actual del Washington Post.
Esta película es increíblemente precisa en su manera de retratar el periodismo, en particular el de investigación
Unos días antes de la entrega del galardón, Baron dedicó una columna a explicar su experiencia con la película. Y esto fue lo que dijo:
I.
“Tengo una deuda con todos los que han hecho una película que manifiesta, con una inusual legitimidad, cómo se practica el periodismo. Y, con una fuerza comedida, por qué es necesario”.
II.
“Mis primeros meses en el Boston Globe no fueron fáciles. No conocía a nadie en Boston más allá de una pareja que no había visto en años. Era un 'extraño' en la ciudad, no un 'recién llegado'. No hay duda de que mi comportamiento no fue el adecuado, tanto así que un reportero del Globe describió la atmósfera de aquellos momentos en la redacción como ' la búsqueda de la excelencia sin felicidad'”.
III.
“Josh y Tom –los productores– sabían más que yo mismo de lo que ocurrió en el Globe. Al leer el guion, aprendí muchas cosas”.
IV.
“Era fácil ser pesimista: (1) El asalto sexual de los niños y adolescentes es un tema difícil de asimilar para cualquier persona. (2) Esta película corría el riesgo de ofender a los católicos y su Iglesia. (3) La película se basaba exclusivamente en los personajes y el diálogo – no había acción ni efectos especiales; estaba lejos de la fórmula Hollywood. (4) Los periodistas suelen disgustarse. Las películas sobre periodismo a menudo han optado por llegar a la gran audiencia.
Y la razón final: Los católicos tenían un nuevo y popular Papa. ¿Cómo podría ser el momento para una película que señala a la Iglesia con un dedo acusador?”.
V.
“Pero acabó siendo un éxito. Cuando vi la película pensé en lo extraño que era todo esto: ¿Cómo había llegado el triste tema del abuso sexual a aquella extraña intersección con celebrities, paparazzis y entrevistas sobre la alfombra roja?”
VI.
“Periodistas de todo el mundo han visto la película, y todos han reaccionado de la misma forma: esta película es increíblemente precisa en la manera en que retrata el periodismo, en particular el de investigación”.
VII.
“Aparte de la buena crítica, Spotlight ya ha cosechado un resultado gratificante. En correos electrónicos, Twitter y Facebook los periodistas se han declarado inspirados y homenajeados. Esto no es un asunto menor en una profesión que se lame las heridas por el efecto financiero traumatizante que ha significado internet”.
VIII.
“Un espectador me dijo por Twitter: ' he vuelto a recordar lo asombroso que puede llegar a ser el buen periodismo'”.
IX.
“Un periodista que fue a ver la película con su familia me dijo: ' mis hijos ahora piensan que soy guay'”.
X.
“Spotlight es una película, no un documental. Es fiel al esquema general de cómo se desarrolló la investigación en el Globe. Pero no es una recreación de cada conversación o encuentro. La vida no ocurre de forma la forma ordenada que se narra en una película de dos horas, donde se introducen de manera coherente personajes y temas importantes”.
XI.
“Hace trece años, recibí una carta del sacerdote Thomas P. Doyle, quien había librado una larga batalla en solitario dentro de la Iglesia, en nombre de las víctimas de abusos:
' El abuso sexual de niños y jóvenes por parte del clero, así como su encubrimiento, ha sido lo peor que ha sucedido en la Iglesia Católica en los últimos siglos. También ha sido la mayor traición de los sacerdotes a aquellos a quienes deberían proteger. Los niños católicos han sido traicionados, así como sus padres y amigos. Los buenos sacerdotes han sido traicionados y el público en general también lo ha sido. Esta pesadilla seguiría ocurriendo una y otra vez si no fuera por usted y el personal del Globe'.
Tras esto no recibí ningún premio, pero sentí una recompensa que durará para siempre
El preacuerdo ha sido objeto de reparos por parte de las principales organizaciones de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia. En qué consisten las críticas, hasta dónde son fundadas, y hasta donde podrían corregirse en el acuerdo. 
