Aunque algunas estadísticas de instituciones internacionales y agrupaciones feministas regionales indican avances en la lucha por los derechos de la mujer, la realidad en los últimos años no ofrece espacio al optimismo.
Es cierto que las mujeres han llegado a presidir varios países de la región en las últimas décadas: Cristina Fernández en Argentina, Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Violeta Chamorro en Nicaragua y Mireya Moscoso en Panamá, algo impensable décadas atrás. Cierto es también que el trabajo conjunto de organizaciones sindicales, feministas y proyectos políticos en algunas naciones de la región han disminuido los índices de trabajo informal, analfabetismo y desigualdad laboral. Y es claramente visible el avance en una más activa incorporación de la mujer latinoamericana al trabajo político y sindical, así como a las luchas por su emancipación social.
Pero otras cifras son alarmantes. Como demuestra el reciente asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, la violencia continúa siendo el gran enemigo: el mayor número de mujeres asesinadas en Latinoamérica en los últimos años corresponde a crímenes pasionales. Según informes recientes de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID, por sus signas en inglés), 4 de cada 10 latinoamericanas manifiestan sufrir diversas formas de control por parte de sus parejas o familia, y la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en México, indica que el 67 por ciento de las mujeres mexicanas ha vivido incidentes de violencia matrimonial, familiar, laboral o escolar.
Alta criminalidad contra la mujer
América Latina es hoy la región del mundo en donde las mujeres corren el mayor riesgo de ser asesinadas, ya sea por violencia de género, como víctimas de los capos del lucrativo negocio de la prostitución o a consecuencia de conflictos armados regionales. El Salvador está a la cabeza del mundo en la tasa de feminicidios, con 17 crímenes por cada cien mil mujeres, seguido de Honduras con 14 feminicidios. Un país africano ocupa el tercer puesto: Sudáfrica, pero en la lista de las 25 naciones con más asesinatos de mujeres aparecen México, Belice, Venezuela, Colombia, Brasil, República Dominicana y Panamá. Aún más triste es verificar que de todos estos asesinatos sólo en un 3 por ciento se logra procesar a los asesinos.
Cifras de 2015 estiman que entre 30 mil y 50 mil dominicanas son obligadas a trabajar en la industria del sexo, la mayoría en Estados Unidos y países de Europa, víctimas de otro flagelo que asuela la región: la trata internacional de niñas y jóvenes latinoamericanas con fines de explotación sexual. El combate contra este negocio se complica, en especial en países como México, El Salvador, Guatemala y Honduras, por la existencia de vínculos entre las mafias nacionales y los agentes del Estado que, en vez de luchar contra el tráfico, pactan con los traficantes para tener parte en las ganancias.
Víctima colateral en conflictos armados
Si bien es cierto que la peor década fue la del 80, cuando se produjeron los conflictos armados en Nicaragua y El Salvador, afectando también a las poblaciones fronterizas de Costa Rica, Guatemala y Honduras, la larga historia de la guerrilla colombiana que llega hasta hoy ha convertido a ese país en uno de los más complejos escenarios para el trabajo de organizaciones feministas, instituciones internacionales de los derechos humanos y proyectos gubernamentales dirigidos a proteger a las mujeres colombianas y venezolanas, en especial, aquellas de las zonas donde han operado las FARC y el ELN desde los años 80.
Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y diversos informes de la Ruta Pacífica de las Mujeres y del Ministerio de Protección Social de Colombia, todos los actores del conflicto colombiano han utilizado la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres como estrategia de guerra; cerca del 40 por ciento de las mujeres desplazadas de las zonas de guerra han sido forzadas a prostituirse eventual o periódicamente, y los grupos armados y milicias llegaron a reclutar cerca de 14 mil niños y niñas, la mayoría de las que se vieron obligadas a someterse a esclavitud sexual y a trabajar como cocineras o sirvientes.
Triste panorama
Violencia y discriminación laboral van de la mano. El informe mundial de la OIT “Mujeres en el trabajo - Tendencias 2016” reconoce avances, pero recalca que hay que establecer estrategias reales contra los estereotipos de género que favorecen la incorporación de la mujer sólo a ocupaciones tradicionales apenas vinculadas a los sectores importantes de la economía, y manifiesta preocupación porque, entre otros problemas, la desocupación femenina casi duplica la de los hombres, la tasa de informalidad laboral es del 54 por ciento del total de las mujeres trabajadoras, 14 millones de mujeres trabajan como domésticas (la mayoría en condiciones de semiesclavitud) y el 66 por ciento de los "ninis" (jóvenes entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan) son mujeres. Un panorama, como se ve, poco alentador.
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