Paz territorial, nuevos alcaldes y gobernadores

Tendrán mucho qué hacer – y mucho más más de lo que cree el Gobierno-. Aquí, la relación precisa de las oportunidades, los desafíos emergentes, las tareas específicas y las necesidades de los recién elegidos para poder cumplir con su mandato.

    Hugo Acero Velásquez*

Un mandato claro

En las elecciones locales del pasado 25 de octubre ocuparon un lugar muy destacado la inminencia de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC y los –nuevos o viejos- desafíos de la criminalidad en las distintas regiones, ciudades y municipios.  Tanto así que  el compromiso de mejorar la seguridad ciudadana viene a ser el principal  elemento común en los mandatos que recibieron los 32 nuevos gobernadores, los cerca de 1.200 alcaldes y los varios miles de diputados, concejales y ediles a lo largo y ancho del territorio  colombiano.  

Hoy se vislumbra la posibilidad de un cese al fuego bilateral y definitivo entre la Fuerza Pública y las FARC, para cuya verificación por parte de Naciones Unidas el presidente Santos viene dialogando con los jefes de Estado de los países miembros del Consejo de Seguridad. Este cese implicaría la concentración de los miembros de las FARC en algunos territorios y su desmovilización en el futuro cercano. Y aunque los cuatro temas iniciales  de la agenda de La Habana (tierras, apertura política, drogas y víctimas) son de indudable interés para los colombianos, también es cierto que es el último punto –fin del conflicto- es lo que ante todo espera la mayoría.       

En efecto- e independientemente de las creencias políticas- lo que la gran mayoría de la gente espera del proceso de paz es lo siguiente:

• Que la violencia disminuya de manera sustancial;
• Que se acaben las agresiones contra la sociedad civil;
• Que mejoren las condiciones de seguridad y convivencia;
• Que los desmovilizados no vuelvan a delinquir y se reintegren a la vida social;  
• Que otros grupos delincuenciales no ocupen los territorios que ocupaban las guerrillas, y 
• Que las instituciones legítimamente constituidas asuman la seguridad de todas las ciudades, los pueblos y los campos, ganándose la confianza y el reconocimiento ciudadanos sobre la  base del cumplimiento adecuado y transparente de su deber en un Estado de derecho.

Los riesgos

Guerrilleros del frente 33 de las FARC. Foto: Facebook Delegación de Paz FARC EP

Pero estas esperanzas no podrán satisfacerse de una manera  fácil, inmediata ni automática:

• Primero y por supuesto, porque no toda la criminalidad ni la inseguridad provienen del conflicto entre el Estado y las guerrillas (cuando además podría subsistir el ELN).
• Segundo y más al punto, porque en la mayoría de los territorios donde actualmente operan las FARC también prosperan actividades económicas ilegales muy rentables - narcotráfico, extorsión, minería ilegal, explotación de madera…- o sirven como “corredores estratégicos” para estas y otras actividades (contrabando, comercio ilegal de armas, trata de personas…). Estas actividades y corredores podrían seguir funcionando después de la desmovilización de las FARC bajo el control de otros grupos o de algunos miembros de esta guerrilla que no se van a desmovilizar y se harán aún más violentos en tanto falten la motivación política y la disciplina de una organización nacional.

Es el último punto –fin del conflicto- es lo que ante todo espera la mayoría.       

A este respecto hay que tener en cuenta lo que ya está sucediendo en cuanto a las alianzas locales que las FARC han realizado con bandas criminales (BACRIM) desde hace algunos años, alianzas que no resultan de cercanía ideológica sino de la racionalidad económica de negocios ilegales de alta rentabilidad.

Por otra parte - y aun en medio de tan buenos augurios sobre el proceso de la Habana- los nuevos mandatarios regionales en general expresan más preocupaciones e interrogantes que respuestas claras y planes de acción precisamente definidos en esta materia de tan alto interés para sus comunidades.

Las acciones

Ante esta situación -y la que se avecina- va a ser de veras necesario que el gobierno nacional y las autoridades locales concierten sus esfuerzos por encima de diferencias políticas para lograr que la seguridad y la justicia tengan mejoras sustantivas a partir de los próximos meses, cuando habrá de comenzar el “post-conflicto”. Básicamente se trata de:

• Aumentar y consolidar la presencia de las instituciones de seguridad, justicia y desarrollo social en los municipios y regiones donde las FARC tienen presencia actualmente.
• Capacitar a los nuevos gobernadores y alcaldes para que desde el próximo 1 de enero asuman y ejerzan plenamente sus funciones constitucionales y legales como primeras autoridades de policía y como responsables del manejo del orden público en sus jurisdicciones respectivas.
• Poner a funcionar regularmente los consejos departamentales y municipales de seguridad, bajo la dirección personal  y cercana del respectico gobernador o alcalde, de forma que sean instancias de coordinación eficaz entre las entidades  estatales que tienen que ver con la seguridad, la justicia y la defensa de los derechos humanos (Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General, Procuraduría, Personerías y Defensoría del Pueblo).  Lo anterior implica que se reúnan por lo menos una vez por mes, para diseñar, ejecutar y hacer seguimiento de los planes de seguridad, convivencia, manejo del orden público y respeto de los derechos humanos. Además por supuesto de supervisar y asegurar  el cumplimiento cabal de cada etapa concreta  del proceso de paz que habrá de adelantarse en unos meses y en unos municipios y departamentos determinados. 
• Capacitar a los miembros de la fuerza pública para que desarrollen su actividad de un modo más acorde con los intereses y sensibilidades de la ciudadanía, sin descuidar por eso la acción fuerte y decidida contra la delincuencia común u organizada.
• Promover una muy amplia participación de la ciudadanía en todas las áreas  de gestión estatal, comenzando por los temas de seguridad y convivencia.
• Crear unidades locales de justicia restaurativa mediante la promoción, capacitación y aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la creación y puesta en funcionamiento de instituciones de convivencia que resuelvan los conflictos de familia, entre particulares y comunitarios. Hay que tener presente que los grupos armados al margen de la ley, independientemente de cualquier consideración, garantizan en los territorios donde operan actualmente dos labores que le corresponden al Estado, como son la seguridad y la justicia, así sea a través del terror o mediante mecanismos que no garantizan el debido proceso que caracteriza un Estado de derecho.

El proceso de  paz

Minería ilegal en Santander de Quilichao, Cauca.  Foto: Lady Castro

Los nuevos gobernadores y alcaldes deben tener un papel central en los diálogos de la Habana cuando se trate del cese bilateral del fuego, el control de las zonas de concentración de la guerrilla, la desmovilización, la reinserción y en general la refrendación, cumplimiento y seguimiento de los acuerdos definitivos.

Son ellos y los ciudadanos de sus territorios  quienes van a disfrutar los logros o a padecer  los fracasos en cuanto al fin de la violencia y las hostilidades, la reconciliación y la reincorporación de los desmovilizados que tendrán lugar en ciudades y municipios específicos a través del territorio.

De esta manera el papel de los alcaldes y gobernadores debe ir bastante más allá de lo previsto por el documento CONPES 3554 de 2008, “Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales”, según el cual sus tareas serían:

• Garantizar la vinculación de poblaciones desmovilizadas al régimen subsidiado de salud mediante los cupos asignados por el  Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
• Garantizar la vinculación y permanencia de las poblaciones desmovilizadas dentro del sistema educativo.
• Fortalecer la reintegración económica, social y comunitaria de los desmovilizados en su territorio.
• Ayudar en la inclusión, la convivencia y la reconciliación de los desmovilizados con sus comunidades receptoras.

Además de lo anterior – y quizás más importante- los alcaldes y gobernadores deben:

Los nuevos mandatarios regionales en general expresan más preocupaciones e interrogantes que respuestas claras y planes de acción precisamente definidos

• Conocer los acuerdos de paz en su totalidad, y las responsabilidades que de ellos se derivan para su departamento o municipio.
• Saber cuántos desmovilizados se reincorporan en sus jurisdicciones y allegar todos   sus datos.
• Contar con recursos ciertos que asigne el Gobierno Nacional para cumplir con sus obligaciones, según la cantidad de desmovilizados que se asienten en su territorio.
• Involucrarse mucho más en el control y seguimiento de los procesos de reinserción social, económica y comunitaria de cada uno de los desmovilizados.
• Saber, en todo momento, dónde está cada uno de los desmovilizados (estudio, trabajo, formación), para reducir los riesgos de reincidencia y proteger mejor la seguridad de los desmovilizados y de la ciudadanía en general.
• Hacer parte importante de los procesos de atención a las victimas de la violencia que viven o van a llegar a sus territorios.

Debe quedar claro que los desmovilizados recibirán las ayudas económicas mensuales si están educándose, formándose para el trabajo o trabajando. En este punto las alcaldías pueden ponerlos a trabajar en muchas labores municipales y aportar así a la reparación de las víctimas y la reincorporación de los exguerrilleros.

Y una nota final. Suele pensarse que el grueso de los desmovilizados de las FARC se quedará en la zona donde vienen operando y por regla general estarán dedicados a las labores del “campo”. Pero en el mundo real es necesario preparase también para su migración masiva a las ciudades, pues muchos de ellos abandonaron las labores agrícolas desde su ingreso a las FARC, o no eran campesinos, o no se sentirán seguros – sin razón con razón- en este municipio, o simplemente aspiran a vivir en la ciudad.

Por todo lo anterior resulta obvio que los alcaldes y gobernadores deben ser arte y parte principal en el proceso de paz. Para eso necesitan dos cosas importantes: que sus voces sean oída y que el Gobierno Nacional les suministre los recursos necesarios y los poderes pertinentes.

Como Juan Carlos Ruiz explica hoy en esta misma revista, el ministro del Postconflicto Rafael Pardo tiene la experiencia y el conocimiento necesarios para no dejar por fuera de esta política a los alcaldes y gobernadores y para poner en el centro de la a seguridad de los ciudadanos y del país. Sólo de esta manera la paz será, no apenas un discurso.